domingo, 23 de julio de 2017
Congreso del Estado XXXI Legislatura

En el Congreso de Nayarit

PRESENTAN INICIATIVA PARA MAXIMIZAR LA LIBERTAD DE DECISIÓN DE LOS CÓNYUGES EN LOS DIVORCIOS VOLUNTARIOS Y PROTEGER SU VIDA PRIVADA.

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  • El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones tanto del Código civil como de procedimientos civiles, ambos para el Estado de Nayarit, garantizará la debida protección de las obligaciones y derechos para los hijos.

Tepic, 25 de marzo del 2015.- Con la intención de mejorar los estándares protectores de los derechos y libertades humanas, en la Cámara de Diputados se presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Nayarit, consistiendo este derecho a la intimidad, en la eliminación de la excesiva injerencia del juzgador en lo relativo al divorcio voluntario judicial dentro de las juntas de avenimiento, sin descuidar la debida protección de las obligaciones y derechos para los hijos.

Ante este procedimiento legal, la iniciativa plantea que el Estado debe permanecer como observador ante el derecho a la vida privada de los ciudadanos en temas estrictamente personales, mismos en los que se involucran las emociones, puesto que al ser las juntas de conciliación propiamente de pareja o personales, la intervención de los juzgadores resulta de cierta manera excesiva.

Por lo tanto, esta iniciativa genera buen ánimo ya que abona a la tutela y protección de los derechos y libertades humanas, debido a que prevé nuevos esquemas de injerencia en temas estrictamente personales y genera certeza para los cónyuges e hijos sobre sus derechos familiares reconocidos como se mencionó en líneas previas por la Constitución General de la República, con el fin de fortalecer la dinámica social.

La iniciativa con proyecto de decreto en mención, fue presentada por la Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, diputada Sofía Bautista Zambrano y fue remitida a la Comisión de Justicia y derechos Humanos para su análisis y discusión.